¿Cómo eran sus vidas anteriores a la extorsión sindical? Los hombres y mujeres que integran el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) eran como tantos otros dueños de pymes en la Argentina, con los desafíos y dificultades propias del sector, pero no imaginaban ni se habían preparado para afrontar “la invasión total y absoluta” a sus empresas por parte de los sindicatos.
“Nosotros sabemos trabajar, cumplir nuestra tarea diaria y, como empresarios pyme, estamos dispuestos a arriesgarnos, pero en ningún análisis de riesgo tomamos en cuenta estas situaciones en las que atropellan nuestros derechos”, confiesa Matías Morante (64 días de bloqueo), propietario de dos locales de venta de materiales de construcción en el Chaco.
Este joven empresario es uno de los participantes del segundo encuentro anual del MEAB, denominado “Bloquear es delito”, que se realizó en la sede de la Fundación Libertad, en Rosario. Aquí no hay magnates de habanos humeantes que, como el Tío Rico de Disney, descansan sobre montañas de billetes, sino emprendedores que se pusieron al frente de una empresa familiar o invirtieron sus únicos ahorros para crear una pyme en esta Argentina que los desalienta, entre otras trabas, con 165 impuestos que existen a nivel nacional, provincial y municipal. Y algún día, quizá, a algunos les tocará lidiar con un sindicato que apelará a sus fuerzas de choque para reclamarles deudas dibujadas, adicionales incomprobables o encuadramientos gremiales de sus empleados, con métodos que van más allá del derecho de huelga y que la justicia argentina ya empezó a considerar un delito.
Aquí, en Rosario, la presidenta del MEAB, Verónica Razzini (90 días de bloqueo), cuya empresa en esta ciudad recibió tres disparos y amenazas por escrito hace 10 días, inauguró el encuentro, emocionada, hablando de “una lucha desigual” que iniciaron hace un año con otros empresarios que “no quieren vivir bajo extorsión” y que se definen como “héroes de nuestra propia historia”.
“Eramos unos pocos, tan solo en un año somos cientos pero vamos a ser miles”, sostuvo y llamó a otros colegas que sufren bloqueos sindicales a sumarse al MEAB: “La Justicia nos asiste. Como le dijo Séneca a Nerón, ‘Tu poder radica en mi miedo: ya no te tengo miedo, tú ya no tienes poder’. El miedo es un paralizador de sueños y nosotros necesitamos volver a soñar”.
Razzini, junto con sus dos hermanos, manejan la empresa de distribución de materiales de construcción fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años, y su vida cambió drásticamente en junio de 2020 cuando el Sindicato de Camioneros de Santa Fe, liderado por Sergio Aladio, impidió el acceso a sus sedes para exigirle que 18 de sus 100 empleados se afiliaran al gremio.
Fueron tres meses de un bloqueo violento, con amenazas diarias, insultos, intimidaciones con armas de fuego, llamados para advertirle que sabían adónde estaban sus hijos y amagar con ir a la casa de su padre, con problemas de salud, para provocarle un infarto, además de su propia mudanza para evitar agresiones. Ella y sus hermanos resistieron, denunciaron a los agresores y lograron que un juez de Rosario detuviera e imputara a 14 de ellos, aunque levantaron la acusación contra los que trabajaban en su empresa y sólo 4 irán a juicio (iba a comenzar esta semana y se suspendió).
En el encuentro del MEAB no estuvieron muchos de los políticos que dicen defender las pymes y pelear contra las mafias sindicales. Entre los presentes sólo hubo tres diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Gabriel Chumpitaz (PRO) y Germana Figueroa Casas (PRO); el diputado santafesino de JxC Maximiliano Pullaro, y la ex senadora nacional de Cambiemos Alejandra Vuscasovich. Tampoco concurrieron representantes de las principales centrales empresariales, aunque sí Edgardo Moschitta, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y Jimena Riggio, de la Bolsa de Comercio de Rosario. La única presencia gubernamental la aportó Eugenia Giovannoni, subsecretaria de Producción de la Municipalidad de Rosario.
En otro país, cualquier bloqueo a una empresa no existiría o sería disuelto en pocos minutos por su ilegalidad y una agrupación de víctimas de la extorsión gremial seguramente contaría con el apoyo unánime de los gobiernos, los jueces, todos los empresarios y hasta de muchos dirigentes sindicales que cuando aplican medidas de fuerza lo hacen sin extorsiones, amenazas, golpes ni prepotencia y, sobre todo, sin impedir el funcionamiento y la libertad de trabajo de las pymes.
Pero estamos en la Argentina y en este encuentro hay empresarios compartiendo sus traumáticas experiencias, como Ignacio Dos Reis (2 días de bloqueos), dueño de Química Oeste, quien habló de “la angustia y el miedo creciente” cuando los activistas sindicales impidieron el acceso a su depósito en Esteban Echeverría para reclamar que 3 de los 60 empleados pasaran a estar encuadrados en el convenio de Camioneros. “Le dijimos que no a las apretadas y extorsiones de esta gente con actitud mafiosa. No sabía cómo actuar -destacó-, pero sabía que teníamos que decir que no”.
Dos Reis y Morante, así como Alejandro Castell, de Andar Transportadora, una pyme de Trenque Lauquen, y Ariel Rey, de Distribuidora Rey, de San Pedro, son algunos de los empresarios que afrontaron en soledad las protestas extorsivas y luego se integraron al MEAB para ayudar a colegas que pasan por lo mismo. Y lograron emocionar al auditorio en este encuentro en la Fundación Libertad cuando contaron cómo los episodios que vivieron impactaron en sus familias.
Dos Reis relató que su hijo pequeño se puso a llorar cuando lo vio hablar por televisión sobre el duro conflicto que vivía y cómo su madre, a quien él no le dio detalles del bloqueo porque no quería preocuparla, le dijo: “No sé en qué lío estas metido, pero cuidate”.
Por la protesta contra Química del Oeste, 8 dirigentes del Sindicato de Camioneros de Esteban Echeverría, entre ellos su titular, Fabián Arévalo, fueron llamados a indagatoria acusados del delito de turbación de la posesión, que, según el Código Penal, prevé una pena de seis meses a tres años de prisión. Según el fiscal, los imputados en la causa impidieron la entrada y salida de camiones con mercadería de la pyme de Esteban Echeverría durante dos días, el 10 y el 11 de mayo de 2021, mediante “conductas violentas y amenazantes y con un plan previamente trazado”.
Castell, por su parte, dio detalles sobre cómo se animó a reunir pruebas de la extorsión aceptando la “invitación” a charlar sobre una supuesta deuda que le reclamaban en la sede nacional del Sindicato de Camioneros, en el barrio de Constitución, donde lo recibió Omar Pérez, uno de los dirigentes de confianza de Hugo Moyano: “Eran 14 en una oficina y yo estaba solo. Discutimos durante dos horas, pero no tenían ninguna constancia de lo que me exigían y no nos pusimos de acuerdo. Por eso se enojaron, se fueron y me dejaron solo. Tuve que bajar las escaleras del edificio vacío, porque era durante la pandemia, y cuando salí pude respirar y hasta el día siguiente veía chalecos verdes (de Camioneros) por todos lados”. En su exposición también aparece su familia en medio de la tensión y las amenazas: “Les dije a mis hijas grandes que se fueran del país, pero ellas me pidieron que me fuera yo. ¿Nos estás enseñando otra cosa y querés que nos vayamos nosotras?, me contestaron”.
Por el bloqueo contra la pyme de Castell, en 2020, el juez Fernando Caunedo elevó a juicio la causa contra 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros (dos de los cuales integran la cúpula que encabeza Hugo Moyano), imputados por el delito de extorsión en grado de tentativa. La deuda que le reclamaban, según la Justicia, nunca se pudo comprobar y era “ilegítima”.
Ariel Rey, a quien acompañaba su hermano Gustavo, también destacó “el papel fundamental” de su esposa, sus hijos y sus padres ante el bloqueo que sufrió su pyme familiar en 2021 ante la demanda del Sindicato de Camioneros de San Nicolás de pasar a los 35 empleados a su convenio.
“Todas las instituciones, como la policía y el Ministerio de Trabajo, nos juegan en contra y por eso el acompañamiento de la familia es esencial: estamos luchando contra un sistema”, sostuvo uno de los responsables de que dos altos directos de Camioneros (el titular del sindicato de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola, de San Pedro) estén detenidos desde hace 80 días en una celda común, acusados de los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción. Aun así, el empresario resaltó: “No tuvimos una sensación de revancha cuando se los llevaron detenidos; sentimos que existe la justicia”.
Si el relato de las víctimas de los bloqueos estremeció a los presentes, el efecto fue más intenso todavía cuando, a continuación, la sala se puso casi a oscuras para permitir concentrarse en escuchar las voces de empresarios que llamaron al MEAB para pedir ayuda ante los bloqueos que sufrían.
En el encuentro del MEAB también hablaron el abogado Alejandro Bongiovanni, de la Fundación Libertad, para quien en un bloqueo “no hay colisión de derechos sino un solo derecho vulnerado y un delito muy grave”; el economista y empresario pyme Eduardo Lazzari y, casi sobre el final, López Murphy, quien confesó que estaba “conmocionado y admirado por la tarea que desempeñan, por la voluntad de lucha y por defender los principios que hacen a la República y al progreso”.
No hablaron, pero allí estuvieron otros miembros del MEAB como Damián Doboletta (8 días de bloqueo), propietario junto con su familia de una pyme de transporte en Zavalla, Santa Fe, que vivió demasiado de cerca eso que algunos siguen justificando al calor del derecho de huelga: una patota sindical de 20 integrantes tiró al piso a su madre, le robó el celular a su esposa porque estaba filmando las agresiones y le rompió los dientes a su hermano de un trompazo.
También se sumó Juan Loitegui (14 meses de bloqueo), dueño de la pyme Loimar, de Tandil, que fabrica ladrillos y pisos: las protestas de la Federación de Obreros Ceramistas por el despido de 10 de los 80 empleados, a raíz de una fuerte caída en las ventas comenzaron en 2019 con una amenaza: “Si revoleás un telegrama de despido, te incendiamos la empresa”. No la quemaron, pero el bloqueo le impidió funcionar normalmente por más de un año y Loitegui decidió bajar las persianas. Fueron las esposas de los trabajadores quienes, en plena pandemia, le rogaron al empresario que les diera empleo a sus maridos. Tuvieron que entrar sigilosamente a la planta a la madrugada, cuando había poca gente en el bloqueo, con provisiones como para vivir en la fábrica. Finalmente, por presión de los propios trabajadores, el sindicato accedió a firmar un acuerdo y se normalizó la actividad.
El cierre del evento, que fue conducido por el empresario Germán Clausen (3 días de bloqueo) y que incluyó unas palabras del vicepresidente del MEAB, Bernardo Fernández (10 días de bloqueo), estuvo a cargo de la abogada Florencia Arietto, el motor que dio origen a la unión de las pymes afectadas por las protestas extorsivas y a la estrategia jurídica que permitió que jueces y fiscales comenzaran a actuar para ponerles límites a los sindicatos que bloquean empresas.
La sola enumeración que hizo de los casos de bloqueos y de los implicados en las causas causó un fuerte impacto: en un año ya hay 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veiuntena que irá a juicio en unas 30 protestas extorsivas en casi todo el país. “Es una acción coordinada. No son lobos solitarios. Esto es una asociación ilícita”, afirmó Arietto.
El MEAB surgió con 18 pymes y hasta hace poco ya llegaban a 122. Todavía hay muchos empresarios que no se animan a denunciar los bloqueos o que ceden a la extorsión y pagan lo que exigen los sindicatos aunque esté fuera de la ley. Inexplicablemente, las grandes entidades empresariales (con excepción de la CAC) no explicitan su respaldo al MEAB ni a las pymes bloqueadas. En el “99,9% de los casos”, como ironizó Dos Reis, los funcionarios de los Ministerios de Trabajo de distintas jurisdicciones se ponen del lado del sindicato y desamparan a los empresarios. Sin embargo, jueces y fiscales empezaron a reaccionar, consideraron al bloqueo como un delito y avanzaron contra sus responsables.
Falta mucho para que las empresas se concentren en sus actividades y no en protegerse de la extorsión sindical, pero hay algo importante que logró este grupo de decididos y valientes dueños de pymes, como quedó demostrado en el encuentro de Rosario: ya no están tan solos.